En un procedimiento que pone de manifiesto la rápida capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad en el estado Aragua, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Maracay, materializaron la captura de una ciudadana identificada como Dianny Coromoto Pérez, de 40 años de edad. La aprehensión se produjo tras recibir una denuncia formal que la señala como la presunta responsable de una agresión física extrema en contra de un niño de apenas 8 años de edad, a quien supuestamente intentó quitarle la vida mediante la asfixia mecánica (estrangulamiento).
LOS HECHOS Y LA INTERVENCIÓN POLICIAL
De acuerdo con los reportes oficiales emanados de los cuerpos de seguridad, el incidente se produjo en un entorno que, lejos de ser un espacio seguro para el infante, se convirtió en el escenario de una agresión física directa. Vecinos o familiares —según versiones extraoficiales que aún se manejan con cautela— habrían alertado a las comisiones de patrullaje tras percatarse de la situación irregular.
Al llegar al sitio del suceso, los uniformados procedieron a la restricción de la sospechosa. Según el informe preliminar, la víctima presentaba signos de haber sufrido una fuerte presión en la zona del cuello, lo que motivó su traslado inmediato a un centro asistencial cercano para una evaluación médica exhaustiva. Afortunadamente, se pudo conocer que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque bajo estricta vigilancia de especialistas en psicología y pediatría.
MARCO LEGAL Y PROCEDIMIENTO JUDICIAL
La ciudadana fue trasladada a los calabozos policiales, donde se iniciaron las actas procesales de rigor. El caso ha sido remitido formalmente a la fiscalía correspondiente del Ministerio Público, organismo que se encargará de presentar la imputación por delitos que podrían oscilar entre el trato cruel y el homicidio en grado de frustración, dependiendo de la gravedad de las lesiones y las agravantes que determine el equipo forense.
Expertos en derecho penal señalan que este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes conllevan penas severas en el ordenamiento jurídico vigente, especialmente cuando se demuestra la intención de causar un daño irreversible. «La ley es clara en cuanto a la protección absoluta del interés superior del niño; cualquier acto que atente contra su vida no solo es una falta moral, sino un crimen con consecuencias legales contundentes», señalaron fuentes ligadas a la investigación.
Este lamentable suceso refuerza la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta principal para evitar desenlaces fatales. Las autoridades han instado a la población a no normalizar el maltrato físico y a utilizar los canales de comunicación de los cuadrantes de paz para reportar cualquier situación de riesgo dentro de los hogares o comunidades.
Mientras el proceso judicial avanza, el menor afectado permanecerá bajo el resguardo de los consejos de protección correspondientes, quienes evaluarán el entorno familiar para garantizar que no vuelva a ser víctima de agresiones similares. La sociedad espera que el peso de la ley caiga sobre los responsables, enviando un mensaje claro de «tolerancia cero» ante el maltrato infantil.
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